Visibilizando una nueva forma de violencia de género: la violencia de género vicaria en España

Resumen

Antecedentes. La violencia de género vicaria constituye una modalidad específica de violencia ejercida contra las mujeres mediante el daño infligido a sus hijos o hijas, con el propósito de prolongar, intensificar y profundizar su sufrimiento. En España, su reconocimiento jurídico ha cobrado especial relevancia a partir de casos emblemáticos que evidenciaron las limitaciones institucionales y normativas para identificarla y prevenirla adecuadamente.

Métodos. El artículo desarrolla un análisis jurídico-documental de la violencia vicaria en el contexto español. Para ello, examina casos paradigmáticos, entre ellos el de Ángela González Carreño y el Caso Bretón, así como las principales dificultades jurídico-penales para diferenciar esta conducta de otras manifestaciones de violencia doméstica o de género. También analiza el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.

Resultados. El estudio identifica la existencia de obstáculos conceptuales, jurídicos y probatorios que dificultan el reconocimiento autónomo de la violencia vicaria y su adecuada respuesta penal. Los casos analizados muestran que el daño causado a los hijos o hijas puede ser utilizado como un instrumento de dominación, castigo y control sobre la madre. Asimismo, el Anteproyecto examinado representa un avance en la visibilización, prevención y sanción de esta modalidad de violencia, aunque su eficacia dependerá de una aplicación integral y con perspectiva de género.

Interpretación. La violencia vicaria requiere una respuesta normativa específica que reconozca tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas como víctimas directas. Su adecuada prevención y sanción exige superar enfoques restrictivos, fortalecer los mecanismos de protección y adoptar una perspectiva de género y de protección integral de la infancia. El reconocimiento jurídico de esta modalidad criminal resulta indispensable para evitar su invisibilización y garantizar una tutela efectiva de las víctimas.